El director ejecutivo del gremio -invitado al próximo Congreso Internacional Biobío Energía- apuntó a la necesidad de hacer reformas para mejorar la calidad y la seguridad del suministro. Asimismo, llamó a invertir en el desarrollo de nuevas tecnologías a nivel de la red de distribución.
Perfeccionamiento del segmento de distribución, nueva legislación, inversiones, nuevas tecnologías y tarifas serán algunos de los temas que el director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, abordará en el VIII Congreso Internacional Biobío Energía 2019. En conversación con Revista Energía, el representante del gremio que reúne a las principales compañías de distribución y transmisión de electricidad en Chile, abordó los retos de su sector, el cambio climático y el impacto de la energía en la calidad de vida de las personas.
¿Qué desafíos enfrenta Chile en materia de distribución eléctrica?
–El gran desafío es mejorar los estándares en materia de calidad de servicio. El proyecto de ley corta -actualmente en discusión en el Congreso- se focaliza principalmente en la reducción de la rentabilidad para las empresas de distribución, sin que dicha reducción sea coherente con el nivel de riesgo del modelo regulatorio actual, lo que puede poner pone en riesgo el desarrollo del sector, sin que ello tenga efectos significativos en las cuentas de los clientes finales. Como sector, estamos totalmente abiertos a discutir en profundidad la reforma a la distribución, pero creemos que tenemos una gran oportunidad como país de que esa reforma implique una diferencia sustancial en la calidad de vida de las personas. Para tener una idea, el proyecto reduce en más de 20% los ingresos asociados a inversiones en distribución, con un efecto en las cuentas de los clientes finales de entre 2 y 3%, según las estimaciones de la Comisión Nacional de Energía. Por lo tanto, podemos estar poniendo en riesgo las necesarias inversiones del sector por una reducción en cuentas mucho menor al impacto que puede tener, por ejemplo, una variación del dólar.
¿Cuál es su propuesta?
-Como asociación, creemos que es necesario ir más allá y reevaluar el modelo de remuneración. La distribución de electricidad es una actividad regulada, por lo que las tarifas son fijadas por la autoridad. Para estos efectos, la regulación chilena contempla el diseño de una empresa teórica o modelo que parte de cero, para la cual se optimizan las inversiones y costos que supuestamente permiten cumplir con los requerimientos mínimos de calidad del servicio establecidos en la normativa. Sin embargo, el dimensionamiento de dicha empresa modelo -además de desincentivar las inversiones- subestima la forma en que los estándares de calidad son considerados para la determinación de esos niveles de inversiones y de costos, siendo necesario avanzar en el perfeccionamiento del marco regulatorio, de modo de considerar el reconocimiento de la realidad del país, especialmente en lo relacionado con las contingencias y desastres naturales a los que está expuesto. Creemos que es importante que esto se incluya en la discusión para avanzar en las demandas que tiene hoy en día la ciudadanía.
¿Cómo se ha preparado la industria para enfrentar el cambio climático?
-Chile tiene una política pública bien definida que apunta a diversificar la matriz energética. El reciente anuncio respecto del proceso gradual de descarbonización atestigua la voluntad del Gobierno y de los actores del sector para avanzar en esa dirección. Dentro de esa política pública, tenemos un papel claro: facilitar el acceso de las nuevas energías al mercado eléctrico.
¿Cómo?
-Primero, mediante la generación distribuida. Esto es, haciendo posible que excedentes de energía renovables de producción residencial, comercial o industrial sean inyectados a la red, ampliando la oferta de las energías renovables en el sistema. Dos, integrando las energías renovables a la red; estableciendo los puntos de conexión para que generadoras de energías renovables puedan ofertar su producción en las condiciones que el marco regulatorio define. Tres, invirtiendo para que la electricidad sea la energía de mayor uso en nuestras ciudades. Pensemos solamente en el impacto que la movilidad eléctrica puede tener sobre las emisiones de CO2 en Santiago, o la calefacción eléctrica en Temuco o Aysén.
Estamos jugando un rol. Ese puede ser mayor en el futuro. El acelerado desarrollo de tecnologías de red y conectividad digital abren posibilidades para situar a nuestro país entre el grupo de naciones avanzadas en la disminución de CO2.
¿De qué manera Chile puede dar una mirada más moderna a la distribución de energía en favor de la eficiencia y calidad de vida de las personas?
–Ante una sociedad más empoderada, que demanda servicios públicos acordes al nivel de desarrollo del país, reconocemos que las redes de distribución en Chile requieren de una mejora significativa, la cual no es posible de realizar bajo el actual marco regulatorio. Éste pudo ser muy útil para ampliar la cobertura de manera eficiente, pero no para mejorar la calidad y seguridad de suministro más allá del nivel actual. Para alcanzar los desafíos definidos en calidad de suministro, es necesario realizar significativas inversiones, principalmente, de largo plazo. A esto se suma la necesidad de inversiones para el desarrollo de nuevas tecnologías a nivel de la red de distribución. Por lo tanto, consideramos que se debe profundizar la discusión sobre las reformas del sector distribución, de modo de hacerse cargo de los desafíos que el país tiene que abordar urgentemente.
¿Estamos a la altura de los países más desarrollados en distribución y seguridad energética?
–Si bien el país logró un gran éxito al alcanzar casi el 100% de cobertura, a un costo relativamente bajo, todavía medimos las interrupciones de suministro por horas y no por minutos. Otros países con ingreso per cápita similar, como Grecia tienen 133 minutos al año. Chile tiene 1.105. El objetivo de política pública es que el año 2050 la interrupción no sea mayor de 60 ms. Un nivel que inclusive es inferior al de varios países europeos.
Hay muchos factores que explican está diferencia y el principal tiene que ver con la infraestructura existente. Para alcanzar las metas de continuidad de suministro es necesario realizar cuantiosas inversiones de miles de millones de dólares. Otro factor que explica nuestra brecha de calidad de suministro es la falta de mayor tecnología integrada a la red. Es un desafío que los estándares de calidad del sector corran junto a los actuales tiempos y los estándares de continuidad de suministro definidos en nuestras normas no son acordes a las demandas del cliente actual. Dicho de otra de manera, los estándares técnicos que regulan al sector se van quedando atrás.
Hoy se encuentra en desarrollo una modificación de la Norma Técnica de Calidad de Servicio en Sistemas de Distribución, en la cual se definen los estándares de calidad de suministro. Esta es la oportunidad de revisar los estándares que queremos alcanzar en los próximos años de manera coherente con las metas de largo plazo que nos hemos definido, para lo cual es necesario siempre tener en cuenta los costos asociados a su consecución y la manera en que el país alcanzará esos desafíos.
Fuente: Revista Energía