Los procesos de licitación

La Ley No 20.018 (Ley Corta II), promulgada en Chile en mayo de 2005, estableció que los precios de venta de energía de generadores a distribuidores para clientes regulados serían aquellos que resulten de licitaciones abiertas, transparentes y competitivas, realizadas por las empresas distribuidoras, fiscalizadas por la autoridad y adjudicadas por menor precio con un valor máximo definido por ley.

Para la elaboración de esa ley se consideraron algunos supuestos que en la práctica no se cumplieron. En efecto, se estimó que en un plazo máximo de 3 años se podría restablecer el equilibrio entre oferta y demanda, superando el rezago de inversiones que estaba determinando una fuerte alza en los costos del mercado spot. Asimismo, se consideró que el procedimiento licitatorio permitiría que los generadores recibieran ingresos consistentes con sus costos de producción. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, por diversas razones en los últimos años los precios de adjudicación aumentaron aproximadamente al doble.

Por ello, en Enero de 2015 fue promulgada la Ley N° 20.805, mediante la cual se perfeccionó el sistema de licitaciones de suministro eléctrico para clientes regulados, introduciendo modificaciones que pretenden revertir la tendencia de precios al alza que se ha observado.

Actualmente las empresas distribuidoras comunican los procesos de licitación a través del sitio web www.licitacioneselectricas.cl, en el cual se encuentra el detalle de los llamados a licitación, incluyendo un programa calendarizado y aquellos documentos que sean relevantes para cada proceso.

Cómo funcionan las licitaciones de suministro

Las principales características de los procesos licitatorios para abastecer el consumo de clientes regulados, considerando las modificaciones introducidas por la referida Ley N° 20.805:

• Bajo este nuevo esquema, la Comisión Nacional de Energía (CNE) es quien debe diseñar, coordinar y dirigir la realización de los procesos de licitación, los cuales deben cumplir con los principios de no discriminación arbitraria, transparencia y estricta sujeción a las bases de licitación. El plazo máximo de contratación es de 20 años.