Las compañías prorrogarán hasta el 31 de enero la suspensión del corte de electricidad por no pago a sus clientes con deuda vencida

Las compañías integrantes de Empresas Eléctricas A.G. (CGE, Chilquinta, Enel Distribución y Grupo Saesa) han decidido dar continuidad hasta el próximo 31 de enero de 2022 al beneficio de no corte de suministro eléctrico para sus clientes que mantienen deuda vencida, pese al término de la vigencia, el próximo 31 de diciembre de 2021, de la Ley N° 21.249, más conocida como Ley de Servicios Básicos.

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, las compañías de distribución eléctrica se han puesto al servicio de sus clientes frente a las dificultades que han debido enfrentar durante los últimos dos años, a través la suspensión del corte de suministro, la entrega de facilidades de pago para regularizar sus deudas y un fortalecimiento de sus equipos técnicos y sus canales de contacto no presenciales.

Esta  decisión adoptada por las compañías beneficiará a gran parte de los más de 760 mil clientes que a la fecha mantienen deudas vencidas en sus cuentas de electricidad, a quienes se invita a realizar un convenio sin pie y sin intereses accediendo a los canales de atención de cada empresa. Asimismo, se reitera el llamado a quienes están en condiciones de pagar su cuenta de electricidad, para que se mantengan al día, de modo que el sistema eléctrico pueda seguir operando con normalidad y no aumenten los niveles de morosidad entre los clientes.

Adicionalmente, se enfatiza especialmente que el objetivo de la Ley N° 21.249 no debe ser favorecer a clientes de altos consumos, es decir, por encima de 2 o 3 veces el consumo promedio mensual de 250 kWh, y que se encuentren en condiciones de pagar sus obligaciones.

El gremio de la distribución eléctrica confía que en la discusión en curso entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, el Estado de Chile establezca a la brevedad una salida viable al problema de morosidad de servicios básicos, permitiendo, por una parte, dar un alivio a las familias más vulnerables, y, por otra, respetar los derechos constitucionales de todos los actores involucrados.