El Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía (CNE) ingresaron ayer el proyecto de ley que busca reformar el actual sistema de licitaciones de suministro eléctrico.
El objetivo, señala la Agenda de Energía, es reducir en 25% los precios para hogares, comercios y pequeñas empresas en la próxima década, respecto de los valores ofertados en la última licitación de 2013, que alcanzó los US$ 128,2 MWh.
El ministro Máximo Pacheco expondrá sobre la iniciativa hoy en el Congreso. La normativa pretende asegurar el suministro bajo contrato para clientes regulados, mejorar los precios, aumentar la competencia y garantizar el cumplimiento de los objetivos de eficiencia y diversificación energética.
Entre las principales medidas estará buscar una mayor presencia estatal en la coordinación, dirección y organización de las bases y el proceso de licitación, asunto que hasta ahora está en manos de las distribuidoras y donde la CNE solo da vistos buenos, explican en el Gobierno. Además, se buscará un esquema flexible de definición de los bloques a licitar tanto para corto como para largo plazo; y por otro lado, se propondrán instrumentos de control de riesgos para la atracción de nuevos proyectos y actores.
Según informó Energía, otra de las medidas centrales estará en instalar nuevos criterios de definición de precios máximos, y también se buscará la regulación de suministros sin contrato a través de nuevos mecanismos.
Entre los expertos que participaron en la discusión y la elaboración de este proyecto está el director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo; el académico y consultor Hugh Rudnick; la consultora y ex CNE, María Isabel González; los consultores Claudio Gambardella, Pedro Maldonado y Ramón Galaz, el director de Systep, Sebastián Mocarquer, y el economista y académico de la U. de Chile, Ronald Fischer.
MAYOR RELEVANCIA
El Estado pretende tener mayor incidencia en la coordinación, dirección y organización de las bases y proceso de licitación.
