Según datos de Empresas Eléctricas AG, con esto se alcanza una cifra acumulada de 1.300 kilómetros de cables robados en los últimos tres años, equivalente casi a la distancia que hay entre Santiago y Antofagasta.

“El robo de cables se ha transformado en un problema de seguridad para la provisión de un servicio esencial para la ciudadanía, como la electricidad”, indicó el director ejecutivo del gremio, Juan Meriches

Más de 550 mil hogares se vieron afectados a nivel nacional por el delito de robo de cables eléctricos durante el año 2023, de acuerdo con las cifras de Empresas Eléctricas AG, el gremio que representa a las principales empresas de distribución eléctrica del país.

El reporte también indica que se sustrajeron más de 600 kilómetros de líneas de distribución eléctrica en el período, cifra 20% superior a la del año 2022, y que genera una cifra acumulada de 1.300 kilómetros de cables robados en los últimos tres años, equivalente casi a la distancia que hay entre las ciudades de Santiago y Antofagasta.

“Estas cifras dan cuenta de un fenómeno en aumento, que genera una afectación directa para nuestros clientes que ven interrumpido su suministro eléctrico, provocando problemas de refrigeración, de preservación de alimentos, de acceso a internet, y otras actividades cotidianas, además de un riesgo para personas electrodependientes”, señaló Juan Meriches, director ejecutivo de Empresas Eléctricas.

Del mismo modo, Meriches enfatizó que “el robo de cables se ha transformado en un problema de seguridad para la provisión de un servicio esencial para la ciudadanía, como la electricidad”, ya que además afecta el correcto funcionamiento de hospitales, escuelas y otros servicios de primera necesidad para la población tal como los sistemas de agua potable rural.

Pese a que durante 2023 se presentaron más de 1.000 querellas y denuncias por este delito, a juicio del gremio se requiere profundizar su persecución y trabajar en una nueva legislación que entregue un estatuto jurídico especial para este tipo de ilícitos.

“Creemos que se requiere tratar este delito con un estatuto jurídico especial, como en el caso del robo de madera, que permita contar con penas mayores para estos delitos, mayores facultades de investigación para las policías, mecanismos especiales de investigación para la Fiscalía y medidas cautelares más efectivas, entre otras mejoras”, indicó Meriches.